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PANDEMIA: EL CAPÍTULO ARGENTINO DE LUCHA CONTRA LA CRISIS DEL CORONA VIRUS SÓLO SERÁ EXITOSO, SI ADEMÁS DE SER REDUCIDO EL NÚMERO DE INFECTADOS Y MUERTOS, TAMBIÉN LO ES EL DE CUENTAPROPISTAS, MICRO EMPRESAS Y PYMES COLAPSADAS Por Gabriel Albarracín MARZO: MES DE ENCRUCIJADAS PARA LOS FERNANDEZ

Para www.fmaarón castellanos.com.ar

Fue marzo del 2008 el mes en que Cristina Fernandez de Kirchner inició su periplo de desgaste sin tregua y sin retorno, no sólo con el antiperonismo, sino con un sector importante de la clase media del interior del país vinculada económicamente a la cadena de valor propia de la actividad rural. Esa tragicomedia de enredos políticos, que comenzó a resultas de la implementación de un programa de retenciones móviles a las exportaciones de comodities agropecuarios (Resolución 125) ideado por su entonces ministro de Hacienda Martín Lousteau ( luego embajador de Macri ante Estados Unidos y ahora senador Nacional de Cambiemos por CABA), y que culminó, con su texto naufragando como proyecto de ley, tras el voto “no positivo” de Julio Cesar Cleto Cobos, por esos días Presidente del Senado y vice-Presidente de la Nación, sería para la ex-Presidenta un hito divisorio de aguas. Muchos pequeños productores agropecuarios, arrendatarios rurales, sus proveedores, prestadores de servicios rurales, sus empleados y sus familias, por cierto un colectivo numeroso de los pueblos y ciudades del interior del país, se sintieron legítimamente ofendidos por ser cartabonados como “piqueteros de la abundancia”. Me consta que en múltiples casos, lo que produjo más rencor que el mote premencionado en sí mismo, fue la incapacidad del gobierno de la época de ver en esas movilizaciones la existencia de una necesidad y una preocupacíon legítima de muchas personas con motivaciónes reales para estar afligidas. Se dejó que se instalase la idea que ese, era un gobierno de clase, capaz de soportar y hacer soportar a todos las incomodades de los piquetes cuando eran realizados por los “los de abajo”, a los que se tenía por electores afines, pero que era prejuicioso hasta la injusticia, si las peticiones que clamaban respuestas provenían de otros sectores sociales, como los medios vinculados a la ruralidad o los del universo reclamante por el pago de impuesto a las ganancias, que se había engrosado ampliamente a partir de la determinación deliberada de ingresos mínimos no imponibles muy bajos, que ante los ojos de los alcanzados por la imposición del tributo, constituía una decisión arbitraria y tomada por pura voracidad fiscal . Esas desatenciones del gobierno de Cristina y los disgustos, que con basamento produjeron en una franja significativa de la clase media, se convirtió en un ingrediente de valor inestimable para la manipulación mediática que terminó consolidando “la grieta” y, lo que es peor, su secuela más espeluznante que no es otra que la división de un gran volumen del cuerpo social y político del país por “sentimientos” de amor u odio, en reemplazo de la racional división por intereses, que es la que habitualmente prevalece en una democracia sana. En marzo de 2020, Alberto Fernandez comenzó a atravesar una encrucijada semejante a la que transitó Cristina hace 12 años. Si bien la temática es distinta y el escenario está muy cambiado, la crisis de la llegada de la pandemia del corona virus a la Argentina recrea la posibilidad de un serio conflicto con los sectores medios del que podrían derivar consecuencias perdurables. La crisis tiene, en lo inmediato, un componente sanitario cuya correcta resolución se debe privilegiar, pero también tiene componentes económicos y sociales mediatos, con virtualidad destructiva de vidas y hogares tanto, o más poderosa que la que el virus tiene sobre la salud de un porcentaje alto de la población. La opinión casi unánime de los sanitaristas e infectólogos, no sólo del país sino extranjeros con prestigio y reconocimiento internacional, es que las autoridades están haciendo lo recomendado para minimizar los daños a la salud de sus habitantes y anticipan resultados positivos, de continuarse con el esfuerzo de aislamiento social obligatorio vigente en todo el territorio nacional. Sin embargo, no les falta razón a quienes hacen oir sus voces diciendo que la contención social que el gobierno ha ideado para los sectores medios, como también para el resguardo de la economía que mayoritariamente los concierne a traves de emprendimientos cuentapropistas, del ejercicio de oficios o profesiones, de la actividad de micro, pequeñas y medianas empresas y comercios de todo tipo, no es, ni será suficiente ni eficaz. De resultar acertada esta evaluación, el gobierno de Alberto entrará, en muy poco tiempo más, en un oscuro cono de sombras en la relación con estos sectores porque, lógicamente, no aceptarán convertirse en el sector que, en la práctica, sea el que mayores costos ha de pagar en esta crisis porque las politicas oficialistas para auxiliarlos fueron erráticas o lisa y llanamente impracticables por desconocimiento, o negación, de la realidad socio-económica que los abarca. HOY IGUAL QUE AYER Alberto está plenamente consciente del profundo resquebrajamiento de relaciones políticas con una parte no desdeñable de la clase media, que le acarreó, al peronismo en general, y a Cristina en particular, el llamado “conflicto con el campo”. Sobre el punto, no dejaron lugar para la duda manifestaciones tales como: “aprendí la lección de la 125… sé muy bien que no todos los productores rurales son lo mismo y que hay que segmentar las retenciones”. Probablemente esto sea cierto, y ojalá, a su tiempo sea capaz de armar una política de imposición de derechos especiales de exportación que se base sobre el principio de “igualdad de los iguales”, y que discrimine positivamente a los productores cuya posición no les permite soportar la carga de esos gravámenes sin que su actividad se convierta en inviable. Empero, el Presidente, que parece haber comprendido claramente las razones de los enojos de la ruralidad en el 2008, no evidencia tener en miras tan nítidamente las actuales causas del grave conflicto en ciernes con la clase media cuentapropista y con el sector social de propietarios y empleados de las micro, pequeñas y medianas empresas. Detallo seguidamente los justificativos de mi parecer: . La actividad económica del país es compleja y tiene rubros formalizados, parcialmente formalizados e informales. No hay estadísticas que permitan evaluar con certeza el porcentaje al que alcanza cada uno de estos estratos, pero seguramente no es descabellado afirmar que entre el 35% y el 45% del total de la misma es informal y por ello no deja registros y mucho menos está bancarizada, . Entre las empresas activas, especialmente entre las medianas y pequeñas, ha sido común como parte de una estrategia que les posibilitó sobrevivir a 4 años de recesión, pactar despidos con sus empleados de menor antigüedad para volver a tomarlos sin registrar, como también modificar el registro de buena parte de ellos declarándolos como empleados por jornada reducida, por lo que el anunciado crédito blando para que las empresas puedan pagar sueldos, en concreto, sólo alcanzaría para cubrir los salarios de la nómina de dependientes registrados, y en numerosos casos, sólo parcialmente. . Las personas y familias que estadísticamente no entran en el universo del 40% de los pobres que tiene el país, pero que están en serio riesgo de tener necesidades básicas insatisfechas durante el tiempo que se extienda el aislamiento social obligatorio, y el lapso posterior durante el cual se extiendan sus efectos, son muchísimas, estimo que no menos de un 20% de la población económicamente activa (si tomamos como base el número de monotributistas inscriptos en las diversas categorías) , porque viven al día con ingresos que obtienen de su actividad cotidiana que ahora está paralizada, . El grupo social al que aludí en el punto precedente, mayoritariamente no tiene ahorros porque los consumió para tratar de mantener su nivel de vida soportando los sobrecostos que le impuso la abusiva política tarifaria de los servicios públicos y la estampida inflacionaria provocada por el gobierno que cesó sus funciones en diciembre pasado. . La nefasta política económica de endeudamiento, fuga de capitales y concentración de la actividad económica impuesta en el gobierno anterior, no sólo ocasionó la quiebra de 20000 empresas, sino que que dejó seriamente afectadas y comprometidas en su funcionamiento a la mayoría de las que quedaron en pie, especialmente las micro, pequeñas y medianas empresas, razón por las que no tienen recursos para afrontar sus costos fijos de operación si no tienen actividad, y ni que decir para hacer frente a las extraordinarias demandas de efectivo que siempre acarrean las rupturas de las cadenas de pagos (cito por caso el hecho que el primer día que se reabrió el clearing bancario después de decretada la primera etapa del aislamiento obligatorio se devolvieron más de 70000 cheques, esto es un 28% de los valores presentados al cobro en esa fecha y ese porcentaje no ha dejado de subir en las jornadas bancarias hábiles posteriores). . El gobierno ha optado por canalizar la ayuda a estos sectores por intermedio de los bancos, siendo que la mayoría de las personas y empresas que necesitan asistencia financiera no se encuentran calificadas por estas entidades por la sencilla razón de que en los últimos años nadie pudo tomar créditos porque no hubo negocio normal que generara lo suficiente como para pagar los astronómicos intereses que se cobraban. Además, a qué calificación crediticia pueden acceder personas que son responsables inscriptas o empresas que en la enorme mayoría de los casos tienen balances de actividad económica neutros o con pérdidas? Es justo reconocer en este punto que recientemente el gobierno resolvió prestar la garantía del Estado para aquellas empresas que no puedan justificar las salvaguardas que exigen los bancos. . El gobierno parece desconocer que, desde hace largo tiempo, el sistema financiero formal no es el que subviene las necesidades de financiamiento de las actividades productivas y que en particular, durante la gestión de Cambiemos se desnaturalizó transformándose en una red de captación de la mayor cantidad posible de efectivo circulante para satisfacer la obscena demanda de crédito del Banco Central, principal ente motorizador de la “bicicleta financiera” que operó en ese período como en sus mejores épocas, a la vez que actuó como una organización usuraria que tuvo como principales víctimas a los deudores de créditos para consumo y a los de saldos impagos de tarjetas de crédito. . El financiamiento de la economía real lo soportan masivamente los particulares, los fabricantes de insumos esenciales y proveedores mayoristas dando crédito a las industrias y comercios que abastecen, como también entidades de la economía social como cooperativas y mutuales que prestan a sus asociados servicios financieros negociando valores a fecha o adelantando el pago de facturas a plazo, y son estos actores del circuito económico los que realmente conocen la capacidad operativa y financiera de las personas y las empresas. Luego de evaluar estos argumentos, no es difícil concluir que la asignación de recursos paliativos a las empresas y personas que están sufriendo las tremendas consecuencias de esta crisis usando como red de distribución y validación de los mismos al sistema financiero tiene altísimos riesgos de convertirse en un ROTUNDO FRACASO, porque por esa vía, no se puede llegar a enjugar la necesidad de financiamiento de al rededor del 50% de los actores y asalariados de la economía real. En sus recientes apariciones públicas, el Presidente comunicó decisiones importantes en materia de disponibilidad de fondos para asistir a empresas y personas afectadas por la paralización casi total de la actividad económica que ha acarreado la vigencia y prolongación del aislamiento social obligatorio establecido. Lució sereno y seguro de estar haciendo lo correcto, y sinceramente pienso que ese no hubiese sido su talante si estuviese consciente que la vía escogida para distribuir esa ayuda no es la adecuada para llegar a todos los que la necesitan, probablemente ni siquiera para llegar a la mayoría. No dudo de sus buenas intenciones y de la honestidad de su convicción de hacer lo debido, como tampoco tengo dudas que siguiendo ese camino, muchos de los que queden desamparados,tanto personas como empresas, no podrán sobrevivir económicamente a este desastre. En muchas de sus intervenciones, y por cierto siempre con buen tino porque venía al caso, el Presidente ha citado frases del ex-Presidente Raúl Alfonsín, pero en esta emergencia, le sugeriría respetuosamente, que recordase lo que muchas veces dijo el ex-Presidente Juan Domingo Perón indicando cuál era la piedra basal de la política “LA UNICA VERDAD ES LA REALIDAD”. Sería prudente tener esto presente porque la economía que hay que salvar hoy, no es sólo la registrada, sólo la bancarizada, sino LA REAL, y ese concepto también incluye a la informal. Resultaría paradójico que por un asesoramiento insuficiente y poco útil para superar los lesivos y paralizantes efectos de la pandemia en su aspecto económico, facilitado por funcionarios, quizás irreprochables desde su formación académica pero poco cercanos a los meandros del devenir del complejo flujo económico que le da de comer a los argentinos, el presidente peronista, que leyó con extraordinario criterio que para reducir REALMENTE al mínimo el daño posible a la salud de la población había que parar el país el tiempo resultase necesario, no tenga idéntica lucidez a la hora de resguardar REALMENTE la castigada economía nacional adoptando medidas que le garanticen viabilidad integral, o sea recursos suficientes para que ninguno de sus estratos pierda actividad al punto de colapsar. ¿CON CUÁNTO Y CÓMO ASISTIR A LOS QUE LOS BANCOS NO VAN A AYUDAR? Con cuánto y cómo asistir a los titulares de oficios, profesiones, negocios y empresas que no están bancarizados es el gran tema a dirimir si se desea amortiguar integralmente los peores efectos de esta crisis sobre la economía nacional. Sobre este punto se debe tomar una decisión política fuerte y profunda, que acompañe en energía y contundencia a la que se tomó para paralizar el país en la inteligencia de que era el mejor modo de cuidar la salud de todos. Una cosa es decidir que la ayuda que se destinará a los damnificados es lo necesario para cubrir las demandas alimentarias, y otra muy distinta es pretender dotar a los actores del proceso económico nacional de dinero necesario para que no sucumban y para que puedan estar en condiciones de arrancar luego que el aislamiento social obligatorio se levante y se haga imperioso intentar retornar a una actividad similar a la existente antes de la paralización del país. Hasta ahora el gobierno parece estar decidido a garantizar lo primero, porque no da señales indubitables de tener consciencia que este esfuerzo de poco servirá, si no se echan las bases para que siga habiendo vida económica después del virus. Los sindicatos de trabajadores , los colegios de profesionales, agrupaciones representativas de quienes ejercen oficios, las entidades gremiales de comerciantes y empresarias de todo tipo tienen que hacer escuchar su voz de modo claro y fuerte peticionando la puesta a disposición de los fondos suficientes y oportunos para sobrevivir en este trance. La determinación de estos números se tiene que efectuar con responsabilidad y hacerse de modo transparente para que nadie tenga la sensación de que algunos están actuando como “pescadores en río revuelto” buscando un beneficio indebido. Si esto se logra, seguramente se estará más cerca de que el gobierno dimensione acabadamente el calado del impacto que, las indispensables decisiones que tomó en materia sanitaria, están teniendo sobre el cuerpo de la economía, y a partir de ello, pueda munirse de elementos para disponer las medidas extraordinarias que será necesario impulsar para salir, más o menos bien librados, de este atolladero. El cóctel de medidas económicas adecuadas para superar esta instancia seguramente será heterodoxo, habrá que hacer un gran esfuerzo intelectual para conjugarlo con creatividad y sin prejuicios. Tendrá que tener un poco de todo, o sea emisión, gravámenes extraordinarios y por única vez a las grandes fortunas del país y a las actividades financieras y especulativas, subvenciones y subsidios, reducción o supresión de beneficios o privilegios de la alta burocracia estatal y de aquellos que perciban ingresos reñidos con la capacidad de pago actual del Estado en todos sus niveles, y de todo aquello que sea menester. No está demás referir que, para que la aplicación de un paquete de medidas de esa naturaleza sea eficaz y sostenible en el tiempo, es indispensable que el mismo se adopte por leyes nacionales, por lo que urge que el Poder Ejecutivo envíe los proyectos pertinentes y ponga a trabajar al Congreso en esta materia. No hace falta una clarividencia providencial para entrever que estamos transitando la crisis más descarnada y amenazante de la que todos los habitantes vivos de nuestra Patria tenemos memoria. Necesitamos sacar lo mejor de nosotros para poder atravesar esta realidad y esto se logra sólo cooperando, o más bien cooperando intensamente, dirigentes y pueblo llano, el capital con el trabajo, el oficialismo con la oposición, gobernantes y gobernados. No es posible asegurarse que el resultado de todos estos esfuerzos sea el que esperamos, pero si es factible que, pasado este tiempo borrascoso, ya transitando aguas socialmente más calmas, podamos sentirnos en paz como comunidad y que, mirándonos los unos a los otros en ese instante podamos pensar que vale la pena seguir juntos, porque cuando hizo falta, todos estuvimos a la altura de las circunstancias.