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Santa Fe 10 de julio de 2019
La Agrupación Glorioso 89, por intermedio de los abajo firmantes, expresa lo siguiente con respecto a la resolución de la Inspección General de Personas Jurídicas en lo referente a la intimación a las autoridades del Club Atlético Unión para que llamen a una Asamblea General Extraordinaria a fin de que se informe y en su caso se trate la deuda de la entidad. Cuando alguien (en este caso los socios del Club Unión) delegan en un tercero (en este caso la CD encabezada por el Presidente Luis Spahn) la administración de sus bienes, le extienden un voto de confianza. Ese acto genera, en primer lugar, un compromiso ético que implica no traicionar la confianza depositada. En segundo término, impone el deber jurídico de rendir cuentas de modo espontáneo y genuino. Como no ocurrió ni lo uno ni lo otro, en las últimas asambleas de asociados del Club, en las que de manera insistente se reclamó al Presidente un informe real, veraz y preciso de la deuda que mantendría el Club con su persona y la de otros directivos, devino necesario que, ante una moción hecha por un integrante de la Agrupación Glorioso 89, dicha asamblea impusiera taxativamente el cumplimiento de tan básico deber. La Asamblea es el máximo órgano institucional del Club y sus decisiones deben ser acatadas por la CD y todos y cada uno de los socios. Sin embargo, pese al mandato explícito y concreto, haciendo caso omiso a la misma y al propio estatuto del Club, la CD encabezada por Luis Spahn, evadió también este compromiso; con el agravante que, a través de un canal totalmente impropio, esto es una declaración a un medio periodístico, se despachó con una cifra escalofriante en moneda extranjera, absolutamente incoherente con los números reflejados en un balance aprobado pocos días antes. Lamentablemente, una cuestión que debió encauzarse dentro de los carriles institucionales internos, debió ser sometida, a instancia de una asociada, a consideración de la Inspección General de Personas Jurídicas, que ahora ha resuelto, con total justicia, obligar a los administradores del Club a dar un informe al respecto. Por otra parte, llama poderosamente la atención el descargo efectuado por la CD, al postular la nulidad de lo decidido en la Asamblea, en tanto implica una absoluta falta de respeto no solo al estatuto y a las normas, sino lo que es mucho más grave, a la palabra empeñada. Y lo que es peor aún, como intento de seguir ocultando la información requerida. La CD y en especial su Presidente, deben tener en claro que los únicos dueños de la institución son los socios y que ellos son meros administradores. Que tal administración debe ser prolija y transparente, máxime teniendo en cuenta que se trata de un enorme patrimonio generado por una institución con 112 años de historia, en base al esfuerzo de miles de dirigentes y ciento de miles de socios a través de su historia, con un desenvolvimiento económico-financiero de más de trescientos millones de pesos ($ 300.000.000) anuales, que impone un manejo prolijo, cuidadoso y escrupuloso, lo cual no se advierte que así ocurra, al punto tal que ha sido necesaria a la intervención del organismo de control. El aval político que significaron las últimas elecciones no son una carta blanca, ni eximen el cumplimiento de los deberes éticos, estatutarios, asamblearios y legales. Así las cosas, exigimos que el informe que se debe brindar resulte avalado por documentos fehacientes, avalados por las constancias de los libros que obligatoriamente debe llevar el Club (de actas de CD y contables) y que sean exhibidos en la Asamblea. Es la única manera de cumplir acabadamente no solo con dicha resolución y los deberes y obligaciones que asume un administrador, sino con el mandato de los socios. Carlos Ghisolfo ,Rubén Decoud, Adrián Cornaglia, Ximena Cordero