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Durante la reunión de gobernadores , y luego de largas negociaciones, habíamos llegado a acuerdos sobre casi todos los temas excepto respecto a la deuda de coparticipación que mantiene Nación con Santa Fe. Entonces le planteé con claridad al ministro Frigerio que si no había una definición concreta sobre este tema, nosotros no estábamos en condiciones de firmar. Si el resto de las provincias iban a empezar a recibir alguna compensación muy menor a cambio de desistir del reclamo, y nosotros que tenemos un fallo firme no recibíamos nada, era totalmente inaceptable. No podía levantarme de esa mesa sin tener la certeza de que el problema de la deuda de Santa Fe iba a ser resuelto. Mi obligación es defender los intereses de los santafesinos y más allá de las miradas políticas, llevar hasta las últimas consecuencias esa posición. Finalmente, a último momento logramos incorporar un artículo que establece que el 31 de marzo de 2018 se debe llegar a un acuerdo sobre lo que se nos adeuda. 
Hubo flexibilidad como para aceptar que se incorporara en el convenio, que está firmado por el propio Presidente y por todos los gobernadores, o sea que hay un aval político para que se cumpla con ese acuerdo en todas sus partes.
Si bien es verdad que Buenos Aires resulta la provincia más beneficiada, podemos decir que Santa Fe sería la segunda. Por otro lado, se dejan de lado una serie de reclamos cruzados que de prosperar hubieran puesto en riesgo todo el sistema federal de la Argentina, como el juicio por el Fondo del Conurbano.
En relación a la cuestión tributaria, se establece una pauta común para todas las provincias que fue acordada y discutida entre todos y es bastante gradual. Se va a ir adecuando la alícuota de los ingresos brutos a distintas actividades. No es que desaparece el impuesto sino que se va a ir reduciendo para algunas categorías, y lo positivo es que se unifica en todo el país.
La caja de jubilaciones de Santa Fe sigue siendo de Santa Fe.
No hay nada establecido en el acuerdo que tenga implicancias sobre las cajas provinciales, que mantienen su autonomía y sus propios regímenes jubilatorios.