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Usan la pandemia como excusa para avanzar contra los convenios colectivos.
Por Lucho Cáceres    https://prensaobrera.com/


Con firma del gobernador Omar Perotti y su ministro de Gestión Pública, Rubén Michlig, el Ejecutivo de Santa Fe dictó recientemente el decreto 0337/20, que establece un régimen persecutorio para los trabajadores del Estado en el marco de la cuarentena.
La norma fija sanciones administrativas para los empleados de la administración pública que incumplan el aislamiento social y obligatorio, señalando que “la presunta vulneración de los artículos 205° y 239° del Código Penal de la Nación, constatada fehacientemente en ocasión o con motivo de los procedimientos de control de la circulación en la vía pública o por otros medios (…) será considerada infracción a los deberes propios del cargo; a los fines disciplinarios correspondientes”. Ello “cualquiera sea su situación de revista y régimen escalafonario, estatutario o convenio colectivo de trabajo aplicable” (artículo 2).
Por esta vía, el gobierno queda habilitado –en violación de los convenios colectivos de estatales y docentes- para abrir sumarios administrativos a los empleados públicos, una medida que habilita y suele ser la antesala de los despidos de los trabajadores de planta permanente. Para aquellos que trabajan bajo contrato, podría implicar el cese de los mismos. Una represalia específica contra el sector, sumada a las sanciones penales generales que le caben a cualquier ciudadano por no cumplir la cuarentena.
El gobierno realiza esta avanzada amparado en los súperpoderes que la Legislatura le habilitó con las leyes de emergencia. Atribuciones excepcionales que, por el contrario, no hemos visto usar para mejorar la situación de los trabajadores que afrontan -en el sistema de salud, en la asistencia social y en las escuelas- la atención de las distintas tareas que el gobierno fijó como “esenciales”, y que son en “un 40% absorbidas por los trabajadores del estado”, según informó el gremio ATE en una reunión reciente con Perotti.
En esa oportunidad Jorge Hoffman, secretario general de ATE Santa Fe, justificó la suspensión de las paritarias con fecha incierta y no abrió la boca para criticar y exigir que se retire este decreto antiobrero.

Toque de queda
El ataque a los derechos de los docentes se suma a la anulación unilateral del pago de la cláusula gatillo y de la paritaria, a la negativa de un salario de emergencia para los docentes reemplazantes y al incumplimiento de la entrega de los elementos de bioseguridad en las escuelas.
El decreto de Perotti constituye además un intento de establecer un toque de queda para acciones de lucha de trabajadores del Estado, como la iniciativa de Amsafe Rosario que llevó al Ministerio de Educación los reclamos de la docencia. Este señalamiento es de vital importancia cuando los médicos/as, enfermeras y trabajadores de la salud están lanzando una medida de fuerza para la semana que viene, para reclamar soluciones en la entrega de insumos hospitalarios.
  
Arbitrariedades
El decreto inhabilita también a incorporar personal que cuente con el antecedente de violar el aislamiento social, mientras el Estado provincial se jacta de ser el que abrió más causas por este motivo. En el texto de la norma, busca justificarse en “la conducta intachable exigible a quienes aspiran a revistar como servidores públicos”, algo que contrasta de lleno con las re-vinculaciones permitidas por el Estado de personal policial apartado por delitos graves, integrantes de una fuerza responsable de innumerables crímenes contra la juventud y el pueblo trabajador y profundamente entreverada con todo el entramado narco sojero que impera en Santa Fe.
Por lo demás, no se ve esta “preocupación” por la cuarentena ante los grandes negocios capitalistas: la actividad agroexportadora no paró ni un minuto, con carga y descarga de barcos extranjeros en el Paraná (solo detenido parcialmente por la bajante histórica del caudal del río), y camiones hacinados en las rutas provinciales para descargar granos, sin ninguna medida de protección sanitaria para camioneros ni vecinos de las localidades aledañas.

Racionalización del Estado… presente
Si quedaran dudas sobre los fines de este decreto, al tiempo que era firmado se conoció el contrato cerrado entre Perotti y el economista Luciano Di Gresia, para que colabore “con el proceso de toma de préstamos para Santa Fe, dentro del país, de acuerdo con la Ley de Presupuesto y con la reciente Ley de Necesidad Pública (…) el contrato anexo al decreto indica que además se ha pensado en aprovechar la experiencia de Di Gresia en otros aspectos, entre ellos, el control de los recursos humanos en el Estado”.
Tal “experiencia” es la de un ajuste feroz en la planta del Estado, que Di Gresia implementó en 2012 en la Provincia de Buenos Aires, bajo el gobierno de Daniel Scioli, a través de la “optimización de las suplencias y las licencias” y el “Plan Integral de Presentismos”; el economista fue quien impulsó  el descuento de los días de paro a los docentes bonaerenses. Al asesor le pedirán además simulaciones de impacto fiscal para la toma de decisiones, como por ejemplo, cierres alternativos de paritarias. Por estas tareas el ajustador serial recibirá entre 120 y 150 mil pesos durante al menos nueve meses.
Enfrentar los ataques
Desde el inicio de su gestión en enero, Perotti lanzó una ofensiva contra la docencia, que es el sector obrero más movilizado en la provincia en los últimos años. El ajuste de las cuentas fiscales empezó con el pago tardío de los salarios de diciembre y anulando la cláusula gatillo. Estos ataques tuvieron como blanco también los salarios de municipales y trabajadores del Estado, que de conjunto vieron suspendidas sus paritarias y la actualización por inflación de sus salarios. A esto se suma ahora esta medida discriminatoria, que está siendo puntillosamente ocultada por el gobierno y la burocracia sindical.
Desde el Partido Obrero planteamos la organización de instancias que –con los cuidados del caso- sirvan para organizar a los compañeros en la defensa de sus conquistas y para avanzar en reclamos tan sentidos como es el salario y las jubilaciones. Tomamos la experiencia de la coordinación de sindicatos combativos en Ensenada, provincia de Buenos Aires, a instancias del sindicalismo combativo y del Suteba de esa localidad, para establecer un programa en defensa de los trabajadores, por la inmediata anulación de este decreto, la reapertura de las paritarias y todos los reclamos planteados. La combativa Amsafe Rosario debe ser el puntal de esta iniciativa.