El actual escenario de zozobra que padece una enorme cantidad de hogares, comercios y PyMEs de nuestra ciudad, debido al cuadro tarifario de servicios vitales como el agua, la electricidad y el gas, torna imperativo manifestar la enorme preocupación que esta situación genera y la necesidad de exigir una revisión de esas medidas.
 
Los poderes legislativos y ejecutivos de distintas localidades de nuestra provincia, entidades gremiales empresarias y organizaciones de defensa del consumidor, entre otros actores, han salido a denunciar este aciago momento que viven los santafesinos debido a que, tanto desde el gobierno nacional como desde el provincial, se han establecido tarifas que hace varios meses vienen impactando negativamente en el poder adquisitivo de trabajadores, jubilados y hogares de clase media.
 
Los efectos de estas medidas perjudican además a la actividad de PyMEs industriales y comerciales y, tras las últimas facturas de seis cifras del suministro eléctrico -recibidas por varias empresas consideradas grandes en nuestra ciudad- se agrega mayor incertidumbre en lo que respecta a esta grave problemática.
 
A la par de resentir las actividades productivas, todo ello castiga de lleno al bolsillo del ciudadano común, erosionando su poder adquisitivo y frenando el consumo. Obviamente, esta situación además de atentar contra la tan mentada reactivación genera efectos inflacionarios.
 
En este último aspecto ya en el pasado mes de febrero el costo de vida, según el INDEC, se incrementó un 2,4 %, por lo tanto la inflación superará el 20 % anual. El incremento de los costos de los servicios públicos, sumados a los aumentos de los combustibles han sido componentes ineludibles para llegar a esos porcentajes.
 
El incremento de las cifras facturadas que reciben los usuarios está muy por encima de la evolución de los salarios y muchos de los insumos que generan esos servicios.
 
Por su parte, el Gobierno Nacional, aduciendo la inevitabilidad de la quita de subsidios, apuntó a toda la Argentina sin tener en cuenta que el atraso tarifario se daba fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires y su conurbano. A la par de ello los ministros de Cambiemos pedían paciencia o afirmaban que los tarifazos eran una “percepción subjetiva”.
 
Llegados a esta instancia en la que esa “percepción subjetiva” se vio avasallada por los números que llegaban en las facturas y que la paciencia es una virtud que no genera los recursos para pagar las boletas, es momento de exigir un cambio de rumbo, tanto al Gobierno Nacional como al Gobierno Provincial, ya que éste es el momento de pensar en la gente.
 
Impulsar modificaciones en la facturación, en los plazos de pago y retrotraer un cuadro tarifario imposible de cumplir son contemplados en distintos proyectos presentados en ámbitos legislativos de nuestra provincia. A esto se ha agregado la suspensión de los cortes por falta de pago de los servicios para desocupados, jubilados que cobren la mínima, asociaciones sin fines de lucro, PyMEs, beneficiarios de programas sociales, personas con discapacidad, empleados de servicio doméstico e inscriptos en el monotributo social.
 
La comunidad toda requiere una respuesta, lo más inmediata posible.

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