Cuando se vulneran derechos (o el sayo del ridículo) Corren tiempos pre eleccionarios, e independientemente de la diversidad de candidatos de distintos partidos políticos, nadie puede poner en duda las buenas intenciones detrás de cada una de sus respectivas propuestas. Todo el mundo sabe que quien más, quien menos, en caso de que lleguen a ocupar un cargo público, los elegidos bregarán por el bienestar de toda la comunidad. No hay excepciones: los candidatos aseguran conocer las necesidades de los ciudadanos y los problemas que requieren soluciones a corto, mediano y largo plazo. De este modo, páginas de periódicos, minutos de radios y televisoras, se llenan de reportajes y propaganda proselitista. Aspirantes a ediles intentan demostrar mentes ágiles y espíritus predispuestos a servir. Aunque en este escenario, está ocurriendo un hecho cuya gravedad no puede ser soslayada y donde la pregunta es inevitable: ¿Acaso ninguno de ellos, ya sean actores políticos del oficialismo y la oposición, o los mismos representantes del periodismo local, se dio por enterado de las disposiciones que se llevan adelante en el balneario camping municipal? Y si lo hicieron, o lo sabían, ¿por qué han hecho caso omiso de que allí se están vulnerando derechos ciudadanos? No muchas personas saben que desde hace meses en el balneario rige el derecho de admisión, pero poco a poco la cantidad va en aumento: El ingreso está permitido para automovilistas, pero prohibido a los motociclistas. En la entrada, los policías de tránsito se encargan de la selección. Ante la obvia protesta y requerimiento del motero que quiso llegar un domingo por la tarde a matear en un espacio abierto y supuestamente libre, la respuesta fue que “hay poco personal para controlar a los pibes que hacen picadas, y por ese motivo se dispuso prohibir el ingreso al predio a todas las motos por igual; ese es el reglamento del camping”. Así, sin más, como si el camping no dependiera de la municipalidad y funcionara como entidad privada y fuese normal la reserva del derecho de admisión. La respuesta daría risa si no fuera que el ánimo se deja ganar primero por la indignación de ver que se están violando derechos ciudadanos. La inoperancia queda al descubierto, sobre todo si se cae en la cuenta de que sólo hay una puerta para el ingreso y egreso del lugar. En otras palabras: no hay escape para quien exceda la velocidad máxima permitida, o que no circule con patente, espejos y documentación requerida. Que llegado el caso sería pertinente labrar multas o la eventual retención del rodado si la infracción resultara grave. “Si usted lo desea, puede dejar la moto aquí en la entrada e ingresar a pie, nosotros vamos a estar hasta las dieciocho y treinta”, expresan los inspectores, sin darse cuenta que sus palabras enojan a los contribuyentes, ya que suenan igual a que dijeran que por tal cuadra está prohibido circular porque está llena de pozos y no tienen personal para arreglarla. De verdad enoja, que tanto los políticos en funciones y sus posibles reemplazos, así como también el periodismo local, no estén a la altura y no se hagan eco de los reclamos de los ciudadanos. Enoja que se implementen este tipo de medidas, enoja que los policías de tránsito no tengan criterio y las lleven a cabo sin cuestionamientos. Enoja, pero también da pena que en lugar de cumplir cabalmente con el trabajo para el cual fueron mandados, terminen oficiando de improvisados trapitos. ¿Alguien se hará cargo de revertir esta situación? ¿Alguno de quienes están gobernando, y entiéndase por éstos, a oficialistas y opositores que dicen representar a sus votantes, hará algo al respecto? Por otro lado, ¿qué garantías de credibilidad tendrán las buenas intenciones de los candidatos a ediles? ¿O quizás luego de electos y durante el nuevo mandato acabarán lastimosamente cayendo en el ridículo? Daniel O. Vangioni

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