1 imagen/es

Santa Fe, martes 19 de junio de 2018
Se reunió la Junta Provincial de Seguridad


El encuentro se llevó a cabo en la sede de la Fiscalía General del MPA en la ciudad de Santa Fe. Participaron funcionarios judiciales, legisladores, autoridades provinciales y policiales.


La Junta Provincial de Seguridad se reunió hoy en la sede de la Fiscalía General del MPA en la ciudad de Santa Fe. El encuentro comenzó minutos después de las 9:00 y el tema debatido por las autoridades fue la posibilidad de que la provincia de Santa Fe cuente con una ley de narcomenudeo.
Al finalizar el encuentro, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Silberstein, dialogó con la prensa y brindó detalles acerca de lo debatido.
“Escuchamos opiniones divergentes y el tema fue discutido en profundidad”, afirmó el funcionario. También hizo hincapié en que “quedó claro que cualquier tipo de adhesión no implicaría perseguir al consumidor, sino a las personas que tienen bunker de drogas”.
Silberstein se refirió al planteo acerca de los recursos humanos y económicos necesarios para la implementación de la ley. “Los fiscales manifestaron la necesidad de tener más recursos”, sostuvo. “La aplicación de la ley sería progresiva y se iría evaluando la cantidad de recursos necesarios. La decisión del gobierno provincial es que si hacen falta recursos, se otorgarán”, respondió.
Acerca de la creación de juzgados federales, el titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos opinó que “no es una solución. El juzgado federal de Venado Tuerto tardó cuatro años en crearse, y el problema de violencia vinculada al narcotráfico es de hoy”. No obstante, reconoció que “sin perjuicio de los tiempos, es una buena decisión del gobierno nacional la creación de más juzgados y fiscales federales”.
Por último, el ministro dijo que “fiscales federales y fiscales provinciales ya están trabajando conjuntamente en el tema. Y esta labor que vienen realizando se ampliará”. Además, valoró “el sistema penal de la provincia” y aseguró que “permite realizar una persecución centralizada que no permite el sistema nacional”.


Opinión del Fiscal General
El titular del MPA, Jorge Baclini, entregó a los presentes un documento titulado “Desfederalización y el narcotráfico” en el que manifiesta su opinión acerca del tema.
Baclini sostiene que “si se analiza el mapa de las provincias que desfederalizaron la investigación penal de algunos delitos relacionados con los estupefacientes, inmediatamente se observa que Santa Fe ha quedado como una isla, puesto que adhirieron las provincias de Chaco, Buenos Aires, Entre Ríos y Santiago del Estero”. En tal sentido, agrega que “se infiere como viable que la provincia de Santa Fe adhiera a la ley”.
“Esto no es nuevo, en tanto hoy la ley ya regula la punición para estos delitos, no obstante lo que se propone es optimizar esta persecución de microtráfico para dejar el camino despejado –por la reducción notable del trabajo– para que la justicia federal pueda focalizar su persecución en el narcotráfico y en el lavado de activos”, entiende Baclini.
También afirma que “no se pretende perseguir al consumidor ni mucho menos al microtráfico, sino que se considera útil desbaratar todo el comercio que gira en torno al microtráfico, por cuanto cuando se ataque en cantidad ello repercutirá en la economía delictiva, más allá que la investigación puede ser la llave para abrir la puerta para llegar a la cocina e incluso al narcotráficante, hipótesis en las cuales se dará intervención a la justicia federal”.
“Desde el punto de vista constitucional y práctico, es conveniente que la jurisdicción provincial se encargue en forma completa de todo lo relacionado con los delitos vinculados con el narcotráfico y el tráfico al menudeo de estupefacientes”, sostiene. En tal sentido, reconoce que “ninguna ley penal disminuye la comisión de delitos, mucho menos delitos que están relacionados con contextos sociales, educativos, culturales y económicos con serias deficiencias estructurales. Trabajando estos temas sí se podría comenzar a conversar de soluciones”.
Baclini también refiere a los recursos necesarios para una posible implementación y puesta en marcha de la ley. “Es menester que se dispongan nuevos recursos humanos (designación de jueces, fiscales y empleados para toda la provincia) que sean asignados en forma específica para esta nueva labor”, concluye.